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El Ministerio de Economía ha decidido retrasar sine díe la aprobación de la Ley de Servicios Profesionales, una de las reformas que Europa pide con insistencia a España, tras el rescate bancario de 40.000 millones de euros concedido en 2012. El examen de una directiva comunitaria, actualmente en marcha, hace imposible esbozar una fecha para el plazo definitivo de esta polémica medida.
Fuentes de Economía aseguran que el Gobierno está discutiendo en la Comisión Europea la regulación del acceso a determinadas profesiones, en el marco de la evaluación recíproca (peer review, como se conoce en Bruselas) de la directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales, aprobada en noviembre de 2013. Espera el resultado de esta valoración para “situarse mejor y actuar”. Las mismas fuentes, sin embargo, no han sabido concretar una fecha de finalización del proceso, aunque destacan que es “complejo y largo”.
El propósito de esta evaluación, subrayan desde la Comisión Europea, es asegurar que las regulaciones de cada Estado miembro sobre las profesiones “proporcionan los beneficios previstos para consumidores y pacientes, sin obstáculos innecesarios e injustificados”. Añaden que, “en esta etapa, son los Estados miembros quienes participan en las discusiones, intercambian información y mejores prácticas, y deciden sobre cualquier seguimiento”.
En este sentido, las mismas fuentes gubernamentales recuerdan que la Comisión Europea va a llevar a cabo un proceso de liberalización generalizada de los diferentes servicios profesionales. Por este motivo, añaden que hasta conocer en qué consistirán las modificaciones introducidas por la Comisión, no tendría mucho sentido avanzar en la reforma de la ley española.
Fuentes de la Comisión Europea, sin embargo, señalaron a Cinco Días que “actualmente no hay planes para desregular las profesiones en el ámbito comunitario”, y añadieron que el Ejecutivo europeo “analiza las reformas nacionales de las profesiones reguladas con los Estados miembros”.
El mes pasado, en su informe de vigilancia tras el rescate a la banca, Bruselas y el BCE volvieron a pedir a España la presentación de la ley. El anteproyecto de ley que el Gobierno elaboró en agosto de 2013, y que ahora está en entredicho, provocó la reacción hostil de los colegios profesionales, por las limitaciones a su acción que esta normativa podría prever.
“Si se espera la actuación de Bruselas para desarrollar esta norma, la experiencia nos dice, por la duración de los trámites legislativos, que es muy improbable que este texto, que todavía no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, tenga el visto bueno en esta legislatura”, prevé el presidente de la Unión Profesional, Carlos Carnicer, quien recibe la noticia con satisfacción, tras el rechazo del anteproyecto de ley por parte de las organizaciones que representa. La limitación de la colegiación obligatoria, la libre elección del lugar donde darse de alta en un colegio o la eliminación de las tarifas de inscripción y el límite de 240 euros para las cuotas anuales fueron las medidas que levantaron su oposición a la ley.
“Los errores de este borrador se podrán corregir”
“Yo espero que los errores y los malos enfoques del borrador que se había elaborado se puedan corregir en la próxima legislatura”, declaró ayer con respecto a la Ley de Servicios el presidente de la Unión Profesional (UP), Carlos Carnicer, quien advirtió: “Ningún colegio profesional se está negando en colaborar con Europa para derribar barreras de las que verdaderamente impiden el ejercicio de nuestras profesiones”.
La exclusión de la colegiación obligatoria para los abogados de empresas y los arquitectos e ingenieros en régimen de dependencia laboral que no firman proyectos y no dirigen obras, es uno de los aspectos más controvertidos de este anteproyecto.
En opinión de la UP, esta medida mermaría la función de control deontológico que los colegios tienen que ejercer sobre sus afiliados. “Existen un sinfín de actividades en las que el ingeniero con dependencia laboral, sin necesidad de firmar proyectos o dirigir obras, incurre en responsabilidades personales que pueden acarrear graves consecuencias para la empresa y para terceros”, ejemplificó hace unos meses el Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales.
Desde el Consejo de la Abogacía Española se subraya asimismo que la facultad de darse de alta en cualquier colegio del territorio, con independencia del domicilio principal, podría acarrear serios problemas a la hora de organizar servicios como el turno de oficio o la justicia gratuita.
Por su parte, Carnicer volvió a incidir en la contradicción en la que cae el Gobierno, en su opinión, al establecer que pagar más de 20 euros de cuota mensual en un colegio profesional sería una barrera, “mientras una tasa judicial de 2.300 euros por un pleito no lo es”.
Fuente: cincodias.com
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